DEFENSA DEL DEUDOR - FALLO

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió que el pago efectuado luego de producida la mora, sin aditarse en igual calidad los intereses y gastos adeudados y una vez iniciado el juicio ejecutivo pertinente, no justifica la procedencia de la excepción de pago parcial opuesta.

En la causa "Compañía de Medios Digitales c/ 3 EX GROUP S.R.L. s/ ejecutivo", la ejecutada apeló la resolución mediante la cual el juez de grado rechazó la excepción de pago parcial opuesta y dictó la correspondiente sentencia de trance y remate.

En su apelación, la recurrente se agravió al considerar que el depósito efectuado espontáneamente y comprensivo del capital, intereses y gastos presupuestados justificaba la procedencia de la excepción de pago parcial.

La Sala D explicó que “la expresión "pago documentado" empleada en el art. 544:6° del Cpr. implica que tal hecho extintivo de las obligaciones -que no es posible presumir- debe acreditarse, como regla general que no encuentra excepción en la especie, mediante instrumentos emanados del ejecutante y con referencia precisa al crédito en ejecución”.

Sentado ello, los camaristas señalaron con relación al presente caso que al presentarse espontáneamente en la causa, el ejecutado depositó $ 10.000 y transfirió $ 17.150. Cabe señalar que del total de ese monto, $ 18.150 fueron dados en pago por capital y $ 9000 en calidad de embargo, sujeto a la liquidación que oportunamente se practicara.

En la sentencia dictada el 30 de junio del presente año, el tribunal puntualizó que “la consignación en calidad de embargo no constituye un verdadero pago”, debido a que “el embargo implica la mera afectación de un bien del deudor al futuro pago del crédito sobre el cual versa un proceso -en el caso, de ejecución- mientras que el pago, según el concepto que brinda el art. 725 del Código Civil, consiste en el cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación”.

Si bien “podría considerarse como un elemento externo común a ambos conceptos, en casos como el aquí planteado, que el embargado -como quien paga- pierde la disponibilidad material del dinero que es depositado para la eventual satisfacción de un crédito”, los magistrados puntualizaron que  “es evidente que con la efectivización del embargo no ha operado ninguno de los efectos propios del pago, ya que el crédito no ha quedado extinguido, ni el deudor liberado de su obligación, y los bienes embargados -en el caso, el dinero en efectivo depositado- continúan siendo de propiedad del deudor”.

En base a lo expuesto, los Dres. Pablo D. Heredia, Gerardo G. Vassallo y Juan José Dieuzeide concluyeron que “el pago efectuado luego de producida la mora, sin aditarse en igual calidad los intereses y gastos adeudados y una vez iniciado el juicio ejecutivo pertinente, no justifica la procedencia de excepción opuesta -art. 544:6°, Cpr”, confirmando la resolución recurrida.

DEUDAS BANCARIAS INTERESES

Luego de recordar que imputación primero a los intereses y sólo en el exceso al capital implica un corolario del principio de la integridad del pago que consagra el artículo 742 del Código Civil, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ratificó que se requiere el consentimiento del acreedor para imputar el pago al capital, cuando se trata de una deuda que ha devengado intereses.

La actora apeló la sentencia de trance y remate dictada en la causa "Banco Itau Argentina SA c/ Visciglio Jose s/ ejecutivo", en la que la magistrada de grado hizo lugar a la excepción de pago parcial planteada por el demandado al momento de presentarse en autos.

El actor se agravió porque a su criterio la sentenciante de primera instancia dispuso en sentido contrario a los preceptos establecidos en los artículos 776 y 777 del Código Civil.

Los jueces de la Sala F señalaron que el artículo 776 mencionado establece que “si el deudor debiese capital con intereses, no puede sin consentimiento del acreedor, imputar el pago al principal”, mientras que “tal posibilidad la admite cuando el acreedor diese recibo por cuenta de capital (art. 777 in fine)”.

Sentado ello, los camaristas remarcaron que “la imputación primero a los intereses y sólo en el exceso al capital implica un corolario del principio de la integridad del pago que consagra el art. 742 del Cód. Civil”, a raíz de lo cual consideraron errónea la resolución de primera instancia debido a que “se requiere el consentimiento del acreedor para imputar el pago al capital, cuando, como en el caso, se trata de una deuda que ha devengado intereses; cosa que aquí no ha ocurrido”.

Al declarar la inadmisibilidad de la excepción opuesta, el tribunal puntualizó que “al momento de iniciar el reclamo, el banco accionante denuncia los pagos parciales efectuados, disponiendo la Sra. Juez de Grado ordenar el mandamiento de intimación de pago por la suma del capital reclamado”, por lo que “bajo tal preceptiva, será al momento de practicar liquidación que el acreedor, deberá imputar esos pagos en concepto de intereses (o de capital, si fuera el caso)”.

Por otro lado, sobre el cuestionamiento respecto de la tasa de interés a aplicar y la pretendida capitalización, los jueces mencionaron que en el presente caso se convinieron réditos del 42,50% nominal anual desde la fecha de libramiento del vale, por lo que “al amparo del respeto a la libertad contractual será tal tasa la que habrá de aplicarse en el sub lite (conf. art. 1197 Cód. Civil)”.

En la resolución del 17 de junio pasado, los Dres.Rafael F. Barreiro, Alejandra N. Tevez, y Juan Manuel Ojea Quintana aclararon que “sólo en el caso que los accesorios estipulados resultaren excesivos, contrarios a la moral o a las buenas costumbres, supuesto aquí ni siquiera invocado al momento de oponer excepciones, se habilitaría la morigeración judicial”, ya que “en esa hipótesis, la tasa máxima ha de estar referida a la que cobran los bancos públicos, con el límite de hasta dos veces conforme el criterio de esta Sala asumido in re: "Banco Credicoop Coop Ltdo c/Ameri Felisa del Carmen s/ejec." del 24/11/09”.

Por último, en cuanto a la capitalización, los magistrados concluyeron que “tratándose de la ejecución de un crédito instrumentado en un pagaré, es procedente el rechazo de la capitalización pretendida si el acreedor es una entidad bancaria”.